Se establece una comisión para analizar la violencia institucional en Jujuy
El Gobierno nacional ha instituido una Comisión responsable de recibir y analizar denuncias vinculadas a la violencia institucional en la provincia de Jujuy, como respuesta a los serios episodios represivos acontecidos durante la reforma de la Constitución provincial.
De acuerdo con lo establecido en el decreto 435/2023, emitido y divulgado en el Boletín Oficial de este miércoles, esta Comisión operará bajo la jurisdicción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Estará conformada por un mínimo de 5 y un máximo de 7 miembros, quienes prestarán sus servicios de manera voluntaria.
La finalidad primordial de esta entidad será recibir denuncias relacionadas con abusos de autoridad, hostigamiento, persecución y otros casos de violencia institucional perpetrados por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
La Comisión se encargará de recolectar las observaciones emitidas por organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en relación con la actuación de la Policía de Jujuy durante las manifestaciones llevadas a cabo por distintas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y ciudadanos en general.
Posteriormente, deberá confeccionar un informe en un plazo máximo de 60 días, el cual será presentado ante el Congreso y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acompañado de recomendaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
